viernes, 19 de mayo de 2017

Ministerio Público de Honduras obstaculiza el esclarecimiento del asesinato de Berta Cáceres





 

 Tegucigalpa, 19 de mayo del 2017.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos convocó ayer a una reunión de trabajo en Tegucigalpa, para revisar avances y obstáculos en el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas a la familia de Berta Cáceres, la activista asesinada en el 2016, y al COPINH, la organización que lideraba.

Sin embargo, los representantes del Ministerio Público ¾responsables de la investigación por el asesinato de la defensora de derechos humanos¾, ni siquiera se presentaron. Ante este desplante, que no es la primera vez que ocurre, los familiares de Berta Cáceres, integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y sus representantes legales  ¾el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)¾, se negaron a participar en la reunión.

“Para nosotros esta visita era un momento importante, en donde esperábamos encontrar respuesta a las preguntas que le hemos planteado a Honduras en repetidas ocasiones. Esto demuestra que el Estado no quiere resolver qué paso con mi mami. Esta acción extraordinaria por parte del comisionado no tuvo significación para los representantes del Ministerio Público de Honduras que, de nuevo,  nos dan la espalda”, declaró Berta Zúñiga, hija de la defensora asesinada.

El comisionado James Cavallaro viajó especialmente a Tegucigalpa para dar seguimiento al proceso, iniciado en el 2016 cuando la CIDH estimó necesario otorgar medidas especiales de protección.

Asunción Martínez, representante del COPINH también expresó su malestar a la CIDH y condenó el silencio del Estado, así como los actos de criminalización y estigmatización que sufren por su lucha en defensa del territorio. 

Marcia Aguiluz, directora de CEJIL para el programa de Centroamérica y México, expresó por su parte: "Esta ausencia reiterada de parte del Ministerio Público confirma la falta de transparencia que envuelve el caso de Berta y la falta de voluntad política para llevar a cabo una debida diligencia que permita esclarecer la autoría intelectual de este crimen”. 

Finalmente, Víctor Fernández, representante del proceso legal interno y miembro del equipo legal del Movimiento Amplio, expresó: “Esta omisión y desinterés del Estado, demostrado tanto a la CIDH y como a las víctimas, es para nosotros un indicio más de la aparente colusión entre los autores intelectuales del crimen y el gobierno hondureño”.

La lideresa lenca fue asesinada hace más de un año y el Estado hondureño sigue sin atender las demandas de la familia de Berta Cáceres y sin cumplir con su deber de llevar a cabo una investigación transparente que encuentre a los responsables tanto materiales como intelectuales del crimen, así como que cese la concesión de terrenos para el proyecto de Agua Zarca.